Familia de crupier asesinada en casino demanda a Monticello por $4.700 millones

Por daño moral, pide 1.500 millones de pesos para cada una de sus dos hijas, y la misma suma para su pareja. Y por lucro cesante, otros $168.973.896.

Una demanda a San Francisco Investment S.A., dueña del Casino Sun Monticello de San Francisco de Mostazal, presentó la familia de Carolina de los Ángeles Carreño Ávila.

La crupier fue una de las dos víctimas fatales de un apostador -el veterinario Osvaldo Campos- que el 2 de julio, a eso del mediodía, descargó sus iras y frustraciones disparando a los funcionarios del local.

Carolina murió justo el día en que cumplía 34 años, y su familia -incluidas sus dos hijas, de 7 y 8 años- la esperaba en casa con un asado para celebrarla.

Los abogados Jorge Munro, Luis Gabriel Salazar, Ramón Tagle y Gonzalo Neira, que patrocinan la demanda, afirman que “el accidente fue causado por la negligencia y falta del deber de seguridad y de cuidado por parte de la demandada San Francisco Investment S.A., la que, como empleadora, incumplió lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, y en el contenido ético-jurídico del contrato de trabajo habido entre ambos, en lo que dice relación con el deber de cuidado y protección de la vida y salud de la trabajadora”.

La empresa rechazó la demanda y hace tres días se realizó la primera audiencia de preparación del juicio laboral, en Rancagua.

Carolina había ingresado al Sun Monticello en agosto de 2014. Recibía una remuneración mensual de $380.000, más el pago de propinas, que -según los abogados de su familia- ascendían, en promedio, a la suma mensual de $541.583. Primero llegó como cajera y luego comenzó a desempeñar funciones de crupier en turnos rotativos en las salas de juego, hasta el fatídico 2 de julio de este año.

El 27 de septiembre de 2016, un grupo de personas asaltó con armas de fuego las instalaciones ubicadas en el Casino Monticello para detonar los cajeros automáticos. Y el 6 de junio de este año, Stive Munir Abuamsha ingresó al casino dos armas de fuego, hiriendo gravemente a un funcionario de la empresa.

Los demandantes indican que pese a la reiteración de hechos de riesgo, “la empresa, de manera irresponsable, simplemente no adoptó ninguna medida de seguridad, ni menos capacitó de forma alguna al personal para enfrentar este tipo de situaciones, ni tampoco les informó de los riesgos, ya que todo siguió exactamente igual, pese a la gravedad de los hechos narrados”.

Los perjuicios que demandan por parte de las hijas de Carolina corresponden a lucro cesante y daño moral.

En cuanto al lucro cesante, lo calculan estimando que Carolina jubilaría dentro de 26 años, lo que multiplican por los $541.583 que ganaba mensualmente en propinas, y se obtiene la suma de $168.973.896. Sobre el daño moral, señalan que el tribunal debe considerar que “las niñas no podrán contar nunca más con el cariño y cuidados de su madre; daño que perdurará toda la vida, siendo una pérdida que afectará la vida completa de ellas”. Solicitan que el monto de la indemnización por este concepto sea de $3 mil millones, otorgando $1.500 millones a Isidora y la misma cifra a Florencia.

Respuesta de Monticello

Para el padre de las niñas y pareja de la fallecida, Felipe Monje, también se demanda por el concepto de daño moral la suma de $1.500 millones.

El gerente de Finanzas de Sun Monticello, Rodrigo Martínez, descartó indemnizar a la pareja de la crupier como causahabiente (con calidad de heredero de la fallecida), “porque no tenía con la señora Carreño ningún vinculo legal”.

Sobre la responsabilidad que le cabría a Monticello por no haber tomado las medidas de seguridad para impedir que ocurriera lo del 2 de julio, responde que lo sucedido “fue un hecho inédito en la industria de juegos en Chile”. Sin querer ironizar, dice, pero exagerando para explicar, pregunta: “Si mañana cae un meteorito, ¿se demandará a la empresa?”. Asegura que los dos atentados anteriores son diferentes, porque no iban contra los funcionarios.

Señala que solo dos días después de la tragedia, el Ministerio del Interior y Seguridad dictó un decreto en el que hace exigible a los casinos los detectores de metales para impedir que entren clientes armados. Y concluye rechazando la demanda en su totalidad.

PAREJA
El padre de las dos niñas y pareja de la mujer fue descartado por los demandados, por falta de una relación legal.

“La empresa desplegó una conducta culposa, negligente e imprudente; no entregó las condiciones mínimas para garantizar la vida de sus dependientes”.
ABOGADOS DEMANDANTES

“La vida, en sí misma, conlleva peligros y riesgos infinitos, y la obligación es gestionar aquellos peligros racionalmente previsibles. Este no lo era”.
RESPUESTA DE CASINO
MONTICELLO

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