La Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias producidas en la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, resolvió que el concepto que se adapta a la velocidad que otorgarán los proveedores deberá ser el porcentaje de las velocidades promedios de acceso para los distintos tramos de mayor y menor congestión.
Con esto, el Senado será la primera instancia en pronunciarse sobre el informe de la Mixta, para luego dar paso a la Cámara de Diputados y de respaldarse poder convertirse en ley.
Al respeto, el senador Manuel Antonio Matta, integrante de la Comisión destacó que “lo que más nos interesa es que el producto que ofrezcan las compañías de internet sea el real y que al mismo tiempo aseguren que las velocidades pactadas en internet, en el contrato entre usuario y empresa se cumpla, y en el caso que no se cumpliera existan sanciones para la empresa respectiva, porque no puede ser que quede en letra muerta”.
En la misma línea, la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Paola Tapia valoró que la moción “busca proteger a los usuarios, esta es la esencia del proyecto, podrán tomar la mejor decisión, con información disponible y a su vez tener garantías de que su contrato particular se está cumpliendo y que él tiene la atribución de poder exigir este cumplimiento”.
A juicio de la secretaria de Estado la moción posee tres pilares fundamentales:
1. Refuerza la labor de fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, respecto de estos contratos y crea una presunción, simplemente legal a favor del usuario para que cuando no se cumple con su contrato, entonces puede exigir las compensaciones correspondientes.
2. Por otra parte, fortalece toda esta línea de acción que tiene el usuario respecto de los proveedores de servicios.
3. Y se crea un órgano independiente, un tercero, que va a efectuar mediciones y que va a poner a disposición esa información para que todos los usuarios sepan cuáles son aquellos proveedores de servicios que cumplen efectivamente con las velocidades ofrecidas, con los promedios disponibles.
Tapia destacó que “como este es un proyecto ciudadano nuestro compromiso es tratar de agilizar lo más posible los trámites administrativos”, por lo que una vez terminada la tramitación parlamentaria, “tenemos que elaborar un reglamento y la norma técnica, por lo tanto nuestros equipos ya están trabajando con ese compromiso”, adelantó.
